Miguel Santibáñez, Director JUNDEP

Por Barbara Lopez; GENERA

¿Cómo vivieron el momento post terremoto desde el trabajo que realizan en la zona del Bío Bío?
Además de las ya muy comentadas y conocidas fragilidades de las instituciones públicas y del sector privado, en el momento de la emergencia también se pudieron observar las falencias de ciudadanía del Chile actual, no sólo a nivel popular sino también en la clase media, en la construcción de comunidades territoriales. Se evidenció una debilidad a nivel de juntas de vecinos, barrios, poblaciones, y además un abandono de parte de los partidos políticos, y todo eso saltó a la vista con el terremoto.

Nuestro trabajo está muy vinculado al terremoto y la reconstrucción. Trabajamos en programas para familias que necesitan mejorar sus viviendas para mejorar la calidad de la solución y su relación con temas urbanas y de planificación. Se hace con organizaciones locales, comunidades, buscando generar un mayor protagonismo de la gente, y atendiendo el tema del desastre natural no sólo desde la vulnerabilidad material, sino social.

¿Cómo afecta eso su trabajo con las personas y comunidades?
Lo principal es que frente a este rol subordinado de los actores sociales, existe un peso muy grande de los otros actores: los privados y los institucionales, como grandes empresas, el gobierno y los municipios. No se ha generado una práctica de demanda de derechos y una organización que se vea a sí misma como interlocutora del poder político e institucional. Los sistemas de participación son todavía muy primarios y se refieren solamente a cuestiones de información o de organización en función de los esquemas de reconstrucción, sin la posibilidad de ir más allá, de hacer un diálogo, una reflexión compartida de cómo abordar este proceso. Las autoridades ministeriales se juntaron entre 4 paredes, formulan un Plan de Reconstrucción y luego lo informan. Hay una práctica –particularmente en el campo de la vivienda y la ciudad-  que no reconoce las particularidades locales, y mucha gente quedará esperando una solución.

¿Qué lecciones pueden recoger del trabajo con la ciudadanía?
Las prácticas sociales existen, aunque son invisibilizadas, anónimas, y el terremoto también las despierta. Por ejemplo, en la emergencia, hubo varios casos de autogestión, autoayuda, colaboración, se recordaron aprendizajes que la gente tenía para resolver problemas inmediatos. La gente se organizó no sólo para la “publicitada” autodefensa, sino para resolver problemas, armar ollas comunes, reconstruir. Despertó una capacidad de solidaridad que está en los genes de la experiencia popular en Chile. Ese potencial existe. El problema es que se topa con el retraso que hay en la generación de esquemas participativos institucionales.

¿Qué se pierde con esta mirada, con estas prácticas institucionales cerradas?
No ha habido un esquema de participación, por lo tanto no existe un Plan de Reconstrucción propiamente tal, sino un conjunto de políticas que no alcanzan a conformar una mirada de regiones y de territorios. El plan de reconstrucción que existe fue diseñado verticalmente. No existiendo un esquema de actores equivalentes, los privados apadrinan comunas, territorios, y finalmente la lógica de los grupos económicos se impone sobre los intereses de la comunidad.
Ahí me parece que hay una deuda, ya que por muchos años no se promovió la “Política”  en el fortalecimiento local. En eso, la Ley de Urbanismo y Construcción tiene muchas limitaciones. Atenta contra la posibilidad de las comunidades de participar en las decisiones que les atañen. Pero a pesar de ello, la gente defiende sus intereses.

¿Cómo ha sido el diálogo con las nuevas autoridades?
Se está cerrando el periodo de emergencia e iniciando el proceso de reconstrucción, bajo una lógica de continuidad en el rol subordinado que tienen los actores ciudadanos. Y en eso no se distingue mucho de lo que ha pasado los últimos veinte años. Si bien, los actores sociales buscan espacios de participación que vayan más allá que lo informativo, eso todavía es muy limitado, por lo que se deberá insistir en aquello y en la vigilancia ciudadana y la cuenta pública.